La deuda chilena hacia la niñez ¿Una vida vale mas que otra?

Al reflexionar sobre la infancia en Chile y los Derechos de los niños, es difícil no evocar a los miles de niños que crecen en condiciones de vulnerabilidad, en donde no se vislumbra una protección efectiva por parte del Estado generando distintas formas de transgresión a los derechos del niño. Por lo que la pregunta que guía este ensayo es si la vulneración de derechos de los niños, niñas y adolescentes (NNA) ha sido una política de omisión o de represión por parte del Estado de Chile.

Si bien Chile ratificó la convención sobre los Derechos del niño en 1990, al realizar una revisión crítica se devela que históricamente el Estado de Chile no ha protegido efectivamente a los NNA. Es por ello que en este trabajo revisaremos algunos tipos de vulneración a la infancia desde la dictadura a la actualidad, cruzado por la mirada de Mbembe y Camino & Mendoza; analizando esta realidad desde la canción “Luchín” de Víctor Jara, vigente desde hace más de 40 años.

En la dictadura chilena se visibilizan variadas formas de vulneración de derechos en la infancia, desde abandono hasta tortura (Venegas, 2014). Así como el robo de recién nacidos, asesinato de infantes y adopción ilegal. La Comisión Valech acreditó que 1.080 menores sufrieron prisión o tortura durante la dictadura (Venegas, 2014).

Bajo este mismo contexto de represión y suspensión de derechos fundamentales se creó el Servicio Nacional de Menores (SENAME) en 1979. Un servicio público centralizado que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y que según su ley orgánica, estaría protegiendo y promoviendo los derechos de NNA que han sido vulnerados (Soto, Perret & Alcaíno, 2017). Sin embargo, entre los años 2005 y 2016, se registra que 1.313 NNA y mayores de 18 años murieron bajo la tutela de SENAME, con registros de prácticas de violencia psíquica, física y sexual, lo que deja en evidencia la insuficiencia Estatal (Soto, Perret & Alcaíno, 2017). En este sentido, el Estado funciona bajo una lógica de necropolítica, en donde deja vivir a quienes tienen más posibilidades de vida y deja morir a quienes no la tienen, siendo considerados humanos menos valiosos (Mbembe, 2011). Cillero, Lathrop & Díaz (2018) proponen que la crisis del SENAME es un síntoma de la escasa preocupación por parte del Estado, es decir una omisión; y si seguimos por esta línea entonces más que una insuficiencia estatal, estaríamos hablando de una violación sistemática de derechos a una población que de por sí está siendo vulnerada.

Por otra parte, en el año 2011 los NNA fueron una vez más víctimas de la represión por parte del Estado, ya que luego de las manifestaciones por una educación pública, gratuita y de calidad (Borri, 2016) veíamos como se desataba la brutalidad policial, es decir, un uso excesivo e ilegal de la fuerza por parte de los agentes de la policía nacional, el que se asocia a la intención de castigo a los manifestantes por parte de carabineros; que contemplaba tanto violencia física como maltrato verbal. A su vez, en Octubre pasado, la revuelta popular se inicia también por medio de los estudiantes secundarios, quienes volvieron a manifestarse pero esta vez por el alza del precio en el transporte público. Es en este contexto de movilización que el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) de Chile contabilizó un total de 1.580 NNA detenidos en comisarías al mes de marzo del 2020, reflejando nuevamente la brutalidad policial enfocada hacia menores de edad.

A partir de este recorrido histórico que hemos desarrollado en relación a la vulneración de los derechos de NNA, podemos evidenciar que existe un desinterés por parte de las autoridades chilenas para hacerse cargo de la desprotección de la infancia. Y esto a su vez, se condice con la necesidad de perpetuar el statu quo, ya que la misma élite política es el grupo dominante de nuestra sociedad (Camino & Mendoza, 2004), a quienes no les afecta lo que le suceda a los que no son parte de su clase, siendo este grupo dominante quienes han velado históricamente por sus privilegios, dejando de lado el bienestar social.

En la últimas décadas, cada vez que los NNA han buscado que sus derechos se hagan efectivos -como con las movilizaciones estudiantiles- el Estado ha reaccionado mediante la coerción para callar estas demandas (Mbembe, 2011), catalogándolos como delincuentes y criminalizando la lucha social. Es por ello que se puede dar cuenta que el Estado opera bajo los mismos mecanismo una y otra vez en diferentes escenarios, en donde se explicita que este ejerce su capacidad para definir qué humanos son importantes y cuáles no, los que tienen valor y cuales son fácilmente sustituibles (Mbembe, 2011).

En esta reflexión, una tensión presente entre las dos autoras ha sido sobre el foco de la la vulneración de derechos de los NNA, tanto como una política de omisión de políticas públicas para la infancia como de represión por parte del Estado de Chile, quedesde la dictadura en adelante han marcado de mayor manera a nuestra sociedad.

En este sentido, desde la perspectiva de omisión es importante destacar la falta de interés por parte de las autoridades chilenas, cuyo resultado es la desprotección reiterativa de la infancia. Un ejemplo de aquello es la crisis del Sename mencionada anteriormente, así como el contexto de Covid-19 actual. Al respecto de lo ultimo, la UNICEF (2020) señala“This is a universal crisis and, for some children, the impact will be lifelong. Moreover, the harmful effects of this pandemic will not be distributed equally. They are expected to be most damaging for children in the poorest countries, and in the poorest neighbourhoods, and for those in already disadvantaged or vulnerable situations.” (p.4). Desde esta circunstancia se pone en evidencia la falta de políticas públicas por parte del Estado, donde los grupos más desprotegidos serán una vez más los más afectados, estos son los niños en condición de vulnerabilidad.

Por otra parte, desde el punto de vista de la represión se destaca la reacción del Estado a la hora de responder ante las demandas de respeto por los derechos de los niños, respuesta que, como se evidencia en la revisión histórica, se lleva a cabo por medio de la brutalidad policial, con el fin de silenciar a las masas. Esta violencia no solo se desarrolla en las manifestaciones, sino que también en la cotidianidad que se vive en los barrios en condición de vulnerabilidad, en donde se hace patente la violencia estatal, por ejemplo en la encarcelación de la pobreza.

Las dos posturas anteriormente señaladas se pueden evidenciar en la canción “Luchín” de Víctor Jara, interpretada por Ana Tijoux. La canción refleja la precariedad de los niños que viven en la pobreza, “frágil como un volantín (...) con sus manitos moradas (...) con el potito embarrado” mostrando una realidad desprotegida de la infancia en donde nadie se hace cargo de asegurar el bienestar de la niñez, plasmando la omisión y el desinterés por parte del Estado. A su vez, el video complementa esta visión de la niñez que entrega la letra, al mostrar otros tipos de vulnerabilidades y violencias por parte del Estado, como la brutalidad policial, el hacinamiento, la precariedad el sistema educacional, entre otras manifestaciones del modelo imperante en Chile.

Podemos concluir que tanto la política de omisión del Estado como la represión llevada a cabo por éste, en su conjunto, generan la violencia estructural y transversal en la historia chilena hacia la vulneración de los derechos de los NNA. Y mientras el Estado siga ejerciendo necropolítica y no considere a los NNA como sujetos de derecho, siempre van a haber niños como Luchín. Por ello debería ser una premisa a seguir, lo que dice Víctor Jara “Si hay niños como luchín, que comen tierra y gusanos, abramos todas las jaulas, pa' que vuelen como pájaros”.

Renata Benavides